La Directiva UE 2024/825 representa un avance significativo en la economía circular al empoderar a los consumidores en la búsqueda del derecho a reparar. Esta normativa busca erradicar prácticas como la obsolescencia programada y estipula que los fabricantes deben ofrecer servicios de reparación y repuestos durante un mínimo de diez años. Aunque esta directiva debería haberse implementado en España antes de marzo de 2026, aún está pendiente su transposición al marco legal nacional.
La legislación española actual, a través de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, ya impone algunas obligaciones en cuanto a la durabilidad y reparación de productos. No obstante, la futura directiva ampliará estas exigencias y prohibirá la utilización de términos genéricos sobre sostenibilidad como “verde” o “ecológico” sin pruebas verificables del impacto ambiental positivo. Las nuevas regulaciones también obligarán a los vendedores a informar sobre la puntuación de reparabilidad de los productos antes de la compra, incrementando así la transparencia en el mercado y mitigando el greenwashing.