El conflicto en torno a la presa hidroeléctrica de La Retorna pone de manifiesto las tensiones entre la renaturalización de ríos y la preservación del patrimonio cultural. Los expertos en medio ambiente sostienen que eliminar barreras fluviales es esencial para recuperar los ecosistemas acuáticos, de acuerdo con las directrices de la Unión Europea. Por su parte, los municipios de la región defienden la conservación de esta presa no solo por su relevancia histórica, sino también por su potencial para generar energía renovable. Se estima que la central puede abastecer de energía limpia a entre 1.500 y 4.000 hogares, un aspecto clave considerando la situación de despoblación y la falta de gas natural en la zona.
La Confederación Hidrográfica del Ebro determinó en 2022 la demolición de la presa, que está situada en una zona de la Red Natura 2000, afectando a especies protegidas como el visón europeo y el desmán ibérico. Aunque la decisión fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la situación actual es incierta debido a un recurso que se presentó ante el Tribunal Supremo, que ha admitido el caso y ha suspendido la ejecución de la demolición. Los ayuntamientos han iniciado una campaña bajo el lema "Salvemos La Retorna", abogando por su protección como Bien de Interés Cultural y solicitando una prórroga en la concesión de 30 años para garantizar su funcionamiento. Además, argumentan que la continuidad de esta infraestructura representa un beneficio tanto patrimonial como económico para la región, lo que podría contrarrestar los efectos de la despoblación y mejorar las condiciones de vida locales.