La batalla contra el greenwashing ocupa un lugar central en la agenda de la Unión Europea. Recientemente, la Comisión Europea ha anunciado procedimientos de infracción contra varios Estados miembros, entre ellos España y Francia, por no aplicar correctamente la Directiva para Empoderar a los Consumidores en la Transición Ecológica. Esta normativa, en vigor desde 2024, busca combatir las afirmaciones ambientales engañosas y garantizar la claridad y transparencia en el mercado, restringiendo el uso de términos como 'ecológico' sin respaldo científico.
Las empresas ahora están obligadas a proporcionar información específica sobre la durabilidad y reparabilidad de sus productos, prohibiendo afirmaciones no verificables. Esta normativa se complementa con acciones recientes de la organización de consumidores BEUC y varias de sus entidades miembros, incluida CECU en España, que han denunciado a gigantes energéticos como ENGIE, EniPlenitude, Shell y TotalEnergies por prácticas de 'greenwashing'. Estos denunciantes han encontrado que muchas de estas empresas utilizan marketing engañoso que, lejos de fomentar una transición ecológica real, ralentiza el progreso hacia un consumo sostenible.
Las denuncias apuntan a afirmaciones confusas sobre sostenibilidad, como el etiquetado de 'soluciones sostenibles' o argumentos sobre compensaciones de CO2 que, según investigaciones de Universidades como KU Leuven, son inválidas. Además, se critica la publicidad que promociona el gas como 'limpio', ignorando su impacto ambiental completo. Esta situación no solo dificulta la verdadera transición energética, sino que también permite que las empresas cobren sobreprecios por productos supuestamente 'verdes'. Ante esto, se exige a las autoridades ejercer vigilancia activa y establecer sanciones a quienes continúen con este tipo de prácticas engañosas.