La lucha contra el greenwashing vuelve a ser prioritaria en la agenda de la Unión Europea. La Comisión Europea ha anunciado la apertura de procedimientos de infracción a varios Estados miembros, incluidos España y Francia, por no haber implementado correctamente la Directiva para Empoderar a los Consumidores en la Transición Ecológica. Esta normativa, aprobada en 2024, tiene como objetivo frenar las declaraciones ambientales engañosas y mejorar la transparencia en el mercado, limitando el uso de términos como 'ecológico' sin respaldo científico.
La normativa exige a las empresas presentar información clara sobre la durabilidad y reparabilidad de sus productos, prohibiendo afirmaciones no verificables sobre estas características. Además, establece que solo se pueden utilizar etiquetas de sostenibilidad respaldadas por sistemas de certificación reconocidos. Ante los retrasos en la adopción de la legislación, las autoridades nacionales tienen un plazo de dos meses para cumplir con estas exigencias o enfrentar posibles consecuencias legales por parte de la Comisión Europea. De este modo, la UE busca no solo mejorar la credibilidad de las afirmaciones ambientales, sino también fomentar un consumo más responsable entre los ciudadanos.