Greenpeace ha presentado una demanda contra Energy Transfer en el Tribunal de Distrito de Ámsterdam, acusando a la empresa de utilizar demandas abusivas conocidas como SLAPP para silenciar la protesta ambiental. Estas acciones legales han sido recurrentes en Estados Unidos, especialmente en relación con el oleoducto Dakota Access, y buscan intimidar a activistas y organizaciones con altos costos legales. Este juicio se produce en un contexto donde la legislación europea, específicamente la Directiva anti-SLAPP de la Unión Europea, busca proteger la libertad de expresión y la crítica legítima hacia grandes corporaciones.
La ONG argumenta que las acciones de Energy Transfer no solo son una forma de acoso legal, sino que también afectan derechos fundamentales dentro del marco normativo europeo. El veredicto en este caso será crucial y podría establecer un precedente legal que refuerce la protección de los derechos cívicos frente a tácticas intimidatorias de empresas. Además, Greenpeace busca una indemnización por los daños sufridos, lo que podría redefinir la responsabilidad corporativa en el uso de estas estrategias judiciales.