España, junto a Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia, ha manifestado su firme oposición a cualquier intento de flexibilizar las normas de emisiones de CO2 en vehículos. Este grupo de países ha señalado que cualquier margen adicional para que los fabricantes cumplan con los objetivos climáticos debe ser "estrictamente limitado" y condicionado a compromisos industriales y medioambientales específicos. El debilitamiento del marco regulador, advierten, podría comprometer las inversiones preparadas para la transición hacia el vehículo eléctrico, vital para cumplir con las metas climáticas y reducir la dependencia de combustibles fósiles, especialmente en el actual contexto de volatilidad de precios y tensiones geopolíticas.
Entre las propuestas defendidas, se destaca la necesidad de mejorar la infraestructura de carga y desarrollar un mercado de vehículos eléctricos de segunda mano. Además, se recalca que los combustibles renovables deben destinarse preferentemente a sectores donde la electrificación es más compleja, como la aviación y el transporte marítimo. La propuesta de la Comisión Europea de revisar las normas de CO2 ha generado preocupaciones, ya que contemplaba la posibilidad de mantener un 10% de las emisiones mediante mecanismos como biocombustibles, lo que, según el grupo de países, podría desdibujar el compromiso hacia un futuro con cero emisiones absolutas por parte de 2035. Por tanto, la posición conjunta de estos siete países aboga por una senda clara y ambiciosa que además refuerce la competitividad de la industria automovilística europea y mejore la asequibilidad de los vehículos para los ciudadanos.