Los residuos de construcción y demolición (RCD) suponen casi el 39% de todos los residuos generados en la Unión Europea, y en España, aunque existen regulaciones y capacidades adecuadas para gestionarlos, gran parte de este flujo no se canaliza correctamente. Esta situación se debe a factores económicos como la distancia a las plantas de tratamiento, el costo del transporte y el débil control administrativo, lo que provoca que muchos RCD terminen en vertederos no autorizados.
Con la Directiva europea 2008/98/CE, se fijó un objetivo claro que debía alcanzarse antes de 2020, donde el 70% de los RCD no peligrosos debían ser reciclados o reutilizados. A pesar de la existencia de normativas como el Real Decreto 105/2008 y la Ley 7/2022, el cumplimiento es incierto, creando una distorsión del mercado que penaliza a las empresas que siguen las regulaciones. La trazabilidad efectiva del flujo de residuos es esencial para evitar estas desviaciones, pero su implementación enfrenta dificultades dentro de un sistema fragmentado.
Mientras tanto, la demanda de materiales reciclados no está a la par con la capacidad de producción, lo que limita aún más la economía circular en el sector. La mejora en la gestión de RCD requiere no solo un enfoque tecnológico, sino un cambio en la concepción del proceso constructivo hacia una deconstrucción más selectiva y una integración de criterios ambientales en la contratación pública. Sin este cambio, será difícil avanzar hacia un modelo verdaderamente circular en la construcción.