España ha llegado tarde en la implementación de la Directiva Penal Ambiental, según establece la Unión Europea, cuya adaptación debía estar completada para el 21 de mayo de 2026. Esta normativa, aprobada en mayo de 2024, busca endurecer las sanciones contra delitos como la contaminación, el tráfico ilegal de residuos y la destrucción de espacios naturales. La organización WWF ha expresado su preocupación al calificar este incumplimiento como extremadamente grave, advirtiendo que la protección ambiental requiere acciones concretas más allá de declaraciones políticas.
Entre los delitos actualizados en esta directiva se incluyen el comercio ilegal de madera, el agotamiento de recursos hídricos, y la contaminación por buques. Se introducen también delitos cualificados, como incendios forestales a gran escala, que pueden ser castigados con hasta 10 años de prisión si causan muertes. Para las empresas, las multas podrían ascender a un 3% o 5% de su facturación global o hasta 40 millones de euros. Sin embargo, España todavía no ha tipificado estos delitos, lo que podría desembocar en un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea.
El panorama actual en España es preocupante; solo el 6% de los casos relacionados con delitos contra la fauna culminan en sentencia. Esto refleja una falta de recursos, tribunales especializados y un marco normativo actualizado. Aunque existen herramientas como el SEPRONA, la dispersión de competencias y la falta de una base de datos unificada dificultan la lucha efectiva contra estos delitos ecológicos. Ante la ausencia de una legislación adecuada, muchos delitos ambientales podrían continuar quedando impunes, según advierten desde WWF.