España ha llegado fuera de plazo en la implementación de la Directiva Penal Ambiental, aprobada en mayo de 2024 y que debía ser incorporada a la legislación nacional para el 21 de mayo de 2026. Esta normativa busca endurecer las sanciones contra delitos ambientales, como la contaminación grave, el tráfico ilegal de residuos y la destrucción de hábitats, así como mejorar la coordinación entre administraciones y países. Sin embargo, el país aún no ha tipificado estos delitos, lo que puede acarrear un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea.
La organización WWF ha manifestado su preocupación ante este incumplimiento, considerándolo un reflejo de que la protección del medio ambiente no puede limitarse a declaraciones políticas. María Barbancho, abogada especializada, ha señalado que este retraso pone de manifiesto la infrautilización de recursos para combatir la delincuencia ecológica, donde solo el 6% de los casos relacionados con delitos contra la fauna culminan en sentencia. En total, se han registrado 4.902 crímenes contra fauna protegida, de los cuales solo 327 llegaron a juicio, evidenciando un preocupante 93% de impunidad.
La nueva normativa no solo incrementa las penas, sino que también obliga a los Estados miembros a implementar estrategias nacionales específicas contra la delincuencia ambiental y a proporcionar recursos adecuados a las autoridades competentes. España enfrenta el desafío de actualizar su catálogo de delitos ambientales y reforzar la responsabilidad penal de las empresas involucradas en estos delitos, a fin de paliar la actual falta de recursos y la dispersión de competencias que dificultan una respuesta eficaz ante esta problemática.