En España, la transición ecológica genera una notable paradoja: aunque un alto porcentaje de la población reconoce la gravedad del cambio climático y apoya la transformación hacia energías más limpias, hay un gran debate sobre cómo financiar estos cambios. La preocupación por cuestiones socioeconómicas como el alquiler, la inflación y el empleo predomina sobre la crisis climática, que ocupa un lugar secundario en la jerarquía de problemas. Un reciente barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) indica que, si bien un 71% de los españoles están preocupados por el cambio climático, este problema se encuentra entre los de menor prioridad personal.
Un amplio apoyo se observa hacia los objetivos de la transición, como promover energías renovables y mejorar el reciclaje. El 91,9% de la población está de acuerdo en fomentar la generación de energías limpias. Sin embargo, cuando se traduce este apoyo en iniciativas concretas, surgen preocupaciones respecto a la justicia social y los costes económicos. Por ejemplo, más de la mitad de los ciudadanos se opone a asumir impuestos o precios más altos para proteger el medio ambiente, evidenciando así una necesidad de equilibrar los esfuerzos entre diferentes sectores socioeconómicos. El reto ahora radica en asegurar que la transición ecológica sea justa y comprensible para todos los ciudadanos, evitando que los costes recaigan desproporcionadamente sobre los más vulnerables.