Las organizaciones profesionales del sector ganadero en España, como ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, han expresado su descontento ante la falta de respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre el lobo (Canis lupus). Después de presentar una queja formal el 5 de junio, estos grupos critican que el Ministerio haya iniciado una consulta pública relacionada con el informe sexenal de la Directiva Hábitats sin notificar al sector, que está directamente involucrado en la gestión de las consecuencias del informe.
Las entidades agrarias están solicitando medidas que incluyen la formalización de su protesta por la exclusión del proceso de consulta y la creación de canales de comunicación directos con el Ministerio. Además han exigido una reunión urgente para abordar los aspectos que se llevarán a la Comisión Europea, subrayando que la falta de comunicación está afectando gravemente a las explotaciones ganaderas. A pesar de la gravedad de la situación, aún no han recibido respuesta por parte del Ministerio.
Por otro lado, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha decidido plantear una cuestión de inconstitucionalidad respecto a la desprotección del lobo como resultado de la Ley de Desperdicio Alimentario. Este proyecto legislativo, que eliminó al lobo del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, ha suscitado críticas tanto por la forma en que se llevó a cabo su modificación como por la implicación negativa que tiene sobre la biodiversidad. Las organizaciones ecologistas argumentan que la caza del lobo está prohibida cuando la especie se encuentra en estado de conservación desfavorable y cuestionan la eficacia de estas cacerías para proteger la ganadería.