El gas verde, que proviene del tratamiento de residuos urbanos, agrícolas y ganaderos, se considera esencial para la descarbonización en España. Esta energía renovable no solo ofrece seguridad energética y asequibilidad, sino que también ayuda a reducir las emisiones contaminantes, consolidándose como una alternativa viable y sostenible. Además, su almacenamiento y capacidad de producción continua durante todo el año la hacen particularmente atractiva para la transición energética.
Uno de los principales beneficios del gas verde es su compatibilidad con la infraestructura existente de gas natural, lo que permite su uso sin necesidad de realizar grandes inversiones en adaptaciones. El biometano, en particular, no genera emisiones, favorece la economía circular al optimizar la gestión de residuos y puede contribuir a la creación de cientos de miles de empleos en el sector energético. Actualmente, iniciativas como las de Naturgy, que cuenta con varios proyectos de producción de biometano en marcha, son clave para potenciar esta fuente energética en el país.
Sin embargo, para realizar su potencial completo, se requiere un marco regulatorio que brinde seguridad y sostenibilidad, alineando la gestión de residuos orgánicos con la planificación territorial. A pesar de los avances, el biometano aún necesita el apoyo de mecanismos que faciliten su adopción y expansión, similar a los modelos exitosos observados en otros países europeos.