Castilla y León se ha consolidado como una potencia en la generación de energías renovables, alcanzando en 2025 la cifra récord de 28,4 millones de megavatios hora (MWh), lo que representa el 94 % de su producción eléctrica total. Este notable avance se debe en gran medida a la energía eólica, hidráulica y, especialmente, a la solar, que ha crecido un 41 % en comparación con el año anterior. Sin embargo, el despliegue acelerado de macroplantas solares ha encendido alarmas sobre la saturación fotovoltaica en la región.
Ecologistas en Acción ha manifestado que la ocupación masiva de tierras agrícolas no solo está perjudicando el paisaje rural, sino que también amenaza futuras inversiones industriales en el territorio. La organización ha hecho un llamado urgente para establecer una moratoria en la instalación de nuevas macroplantas solares, abogando por un modelo de transición energética que priorice el autoconsumo y las comunidades energéticas, buscando así un equilibrio entre el desarrollo energético y la protección ambiental.
La comunidad ha superado las previsiones de consumo, pero las instituciones deben encontrar un balance entre el crecimiento de la producción renovable y la conservación del entorno y la soberanía energética local. Este desafío es esencial para asegurar que el modelo de desarrollo energético no sacrifique el bienestar social y ambiental de las comunidades locales. Un enfoque similar se está explorando en Baleares, donde se han establecido nuevos criterios para proyectos fotovoltaicos, priorizando la instalación en terrenos degradados y evitando la ocupación de espacios naturales protegidos, lo que demuestra una tendencia hacia un desarrollo más sostenible.