La contaminación por metales pesados, específicamente mercurio, plomo y cadmio, ha escalado en la Amazonía, afectando a vastas áreas de varios países. Este fenómeno, atribuido a la minería ilegal de oro, contamina fuentes de agua y cultivos, provocando serios problemas de salud en comunidades indígenas. Un análisis reciente que incluye más de 500 investigaciones resalta la urgencia de mejorar los sistemas de monitoreo en la región. Esta crisis se agrava por el fraude del oro ilegal, que genera más de 3.300 millones de dólares y ha permitido la comercialización de aproximadamente 25,3 toneladas de oro a través de permisos irregulares, lo que ha conllevado a la destrucción de forestas tropicales y la intrusión en territorios indígenas.
Asimismo, se ha registrado un alarmante aumento de los incendios forestales, con un incremento del 115 % en mayo respecto a abril, contabilizando 867 focos de calor. Aunque la deforestación ha disminuido a niveles históricos desde 2017, la presión de actividades ilegales y factores climáticos como el fenómeno de El Niño representan un grave riesgo. Adicionalmente, se han documentado impactos de la minería en áreas protegidas de la Amazonía ecuatoriana, como el Parque Nacional Podocarpus, donde 111 hectáreas han sido afectadas por actividades mineras, mayoritariamente ilegales. Este avance no solo amenaza la biodiversidad local, incluyendo especies emblemáticas como el jaguar y el tapir, sino que también pone en riesgo la regulación hídrica esencial para la conservación de estos ecosistemas. Las autoridades brasileñas y ecuatorianas realizan esfuerzos para reforzar la vigilancia y protección de la Amazonía, destacando su vital importancia como sumidero de carbono y guardian de la biodiversidad global.