El parque eólico de Labraza, impulsado por Aixeindar —compañía participada por Iberdrola y el Ente Vasco de la Energía (EVE)—, es objeto de controversia tras las denuncias del colectivo ecologista Arabako Mendiak Aske, que exige la paralización de las obras en Oyón, Álava. La organización sostiene que el proyecto es incompatible con la legislación ambiental vigente, dado que se estaría ejecutando en una Zona de Especial Conservación sin los permisos requeridos.
La polémica se enmarca en un contexto más amplio de tensión entre la necesidad de expandir las energías renovables y la protección de espacios naturales. Los ecologistas advierten que la descarbonización acelerada puede causar estragos en la biodiversidad local y afectar importantes corredores biológicos. Además, existen actualmente dos recursos judiciales en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que podrían afectar el futuro del proyecto.
El desarrollo del parque terrestre se presenta como un reto tanto administrativo como judicial, en el que se deberá evaluar adecuadamente cómo se puede avanzar con iniciativas de energía limpia sin comprometer los ecosistemas vulnerables. Las decisiones que se tomen en este caso serán cruciales para la regulación de futuras instalaciones eólicas en la región.
