Las comunidades indígenas mayo-yoreme, agrupadas bajo el colectivo ¡Aquí No!, han tomado la entrada de la planta de amoniaco situada en la bahía de Ohuira, en Sinaloa, advirtiendo que continuarán su ocupación de forma indefinida hasta recibir respuestas concretas del Gobierno federal. Esta planta, financiarizada por el banco público alemán KfW IPEX-Bank, ha avanzado hasta un 88% en su construcción y ha sido motivo de protestas durante más de una década debido a sus implicaciones para la biodiversidad y la vida de más de 6.600 personas que dependen de esta región. Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena y vocero del movimiento, subrayó la urgencia de llevar a cabo estudios medioambientales efectivos para evaluar el impacto de la planta, así como la necesidad de reparar los daños ya causados, como la tala de manglares y el relleno de 28 hectáreas de humedales.
Adicionalmente, las comunidades exigen que se les reconozca su derecho a ser consultadas de manera adecuada sobre proyectos que afectan su territorios, un derecho que fue parcialmente reconocido en 2022 tras una batalla legal que llegó a la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, Montaño advirtió que las promesas de revisión por parte de Semarnat y Profepa no son suficientes ante la evidencia visible de la devastación ambiental. La protesta ha puesto en alerta a organismos internacionales, incluyendo a la ONU, sobre los posibles peligros y el potencial ecocidio que podría derivarse de la operación de la planta, especialmente en un área ecológicamente sensible y biodiversa, donde ya se han reportado migraciones de fauna y alteraciones en el ecosistema local.