La Asamblea General de la ONU ha adoptado una resolución histórica que avanza en la creación de obligaciones legales para los Estados en la lucha contra el cambio climático. Impulsada por Vanuatu y respaldada por una coalición de 12 países, entre ellos Costa Rica y Nueva Zelanda, esta iniciativa es una victoria diplomática para las naciones del Pacífico, que enfrentan las severas consecuencias del calentamiento global, como el aumento del nivel del mar. La resolución fue aprobada con 141 votos a favor, 8 en contra, incluyendo a Estados Unidos y Arabia Saudí, y 28 abstenciones.
Las principales demandas del texto incluyen la urgencia de realizar recortes significativos en las emisiones de gases de efecto invernadero y un mayor control del sector de combustibles fósiles para financiar políticas climáticas efectivas. Además, se prevé un informe por parte de la ONU en 2027 que supervisará el cumplimiento de estas obligaciones, generando así presión internacional para que los gobiernos adopten políticas concretas y efectivas.
Este contexto se fortalece con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia emitida en julio de 2025, que establece que los países tienen la obligación de proteger el sistema climático. Aunque los dictámenes de la Asamblea General no son jurídicamente vinculantes, su relevancia política es considerable, sirviendo como una herramienta para la sociedad civil en litigios climáticos. Activistas de Greenpeace han elogiado esta resolución, aludiendo a su papel en reafirmar la responsabilidad legal de los Estados y en la protección de los derechos de las generaciones futuras en un contexto de creciente inacción climática.