La gestión de vehículos eléctricos al final de su vida útil en España plantea importantes retos. A medida que la discusión pública se centra en la autonomía y la infraestructura de recarga, surge la preocupación sobre cómo tratar estos automóviles, que difieren significativamente de los tradicionales debido a sus baterías de alta tensión y componentes electrónicos complejos. La normativa europea exige que se recicle o reutilice al menos el 95% del peso de cada vehículo, lo que requiere una revisión de los protocolos de seguridad y la formación del personal en toda la red nacional de desguaces.
Las baterías, que pueden representar hasta el 40% del valor del coche, contienen materiales estratégicos como litio, níquel y cobalto, cuya manipulación inadecuada puede generar riesgos ambientales. Aunque el número de coches eléctricos en desguaces es actualmente limitado, se espera un aumento significativo para 2030, lo que subraya la necesidad de una adecuada infraestructura y formación técnica en los centros de reciclaje. La electrificación también presenta oportunidades en la economía circular, fomentando la reutilización de componentes antes de llevar a cabo su reciclaje final, lo que requiere un esfuerzo colaborativo de fabricantes y administraciones.