El Gobierno de España ha comenzado un proceso de regularización para aproximadamente medio millón de migrantes que ya residen en el país, una decisión que se considera crucial para la cohesión social y la sostenibilidad económica en un contexto de envejecimiento demográfico. Se estima que los migrantes representan alrededor del 21% de la fuerza laboral en sectores clave, como la hostelería (28%), la construcción (21%) y el transporte (18%). La regularización no solo mejorará sus condiciones laborales, sino que también podría incrementar el Producto Interior Bruto (PIB) nacional entre un 0,5% y un 1,2% anual.
Este proceso se lanza en un contexto europeo marcado por políticas migratorias cada vez más restrictivas, donde el endurecimiento del discurso sobre la migración es evidente. La oposición política en España, especialmente el Partido Popular y VOX, han rechazado la medida, mientras que diversas organizaciones, incluidas la Iglesia católica y sindicatos, han celebrado la regularización como un acto de justicia social. Expertos sugieren que la migración regularizada es esencial para hacer frente a los desafíos demográficos en Europa, donde se prevé que la población en edad de trabajar descienda de 265 a 219 millones de personas en 2070.
La implementación de esta regularización permite a muchos migrantes, que actualmente trabajan en condiciones precarias e invisibles, acceder a derechos laborales y seguridad jurídica, al tiempo que se combate la economía sumergida. El proceso está diseñado para ser transparente y accesible, con requisitos claramente establecidos. Además, se estima que entre 500.000 y 840.000 personas se beneficiarán de esta medida, lo que resalta la necesidad de formalizar su situación en el mercado laboral. Esa incorporación es vista como una condición necesaria para sostener el sistema de bienestar en España y reitera la importancia de abordar la migración desde un enfoque garantista que respete los derechos humanos.