La Comisión Europea (CE) ha anunciado que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no cumplir adecuadamente la Directiva relacionada con el tratamiento de aguas residuales urbanas en 114 aglomeraciones. Esta normativa es crucial para proteger la salud humana y la calidad del agua, exigiendo que los Estados miembros gestionen adecuadamente las aguas residuales en localidades de más de 2.000 habitantes antes de su vertido al medio ambiente.
Bruselas ha señalado que hay deficiencias en diversos aspectos del tratamiento de aguas residuales: en 15 aglomeraciones aún no se han establecido sistemas adecuados de recogida, en 39 no se asegura el tratamiento secundario completo, y en otras ocho aglomeraciones se presentan problemas con el tratamiento terciario. Además, en 52 localidades no se realiza un control adecuado sobre los vertidos de las plantas depuradoras, lo que conlleva un riesgo significativo tanto para la salud pública como para el medio ambiente. La CE considera insuficientes los esfuerzos de las autoridades españolas desde que se inició este procedimiento en 2017.