La Comisión Europea (CE) ha anunciado su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no cumplir adecuadamente con la Directiva relacionada con el tratamiento de aguas residuales urbanas en 114 aglomeraciones. Esta normativa es esencial para salvaguardar la salud humana y la calidad del agua, exigiendo que los países gestionen adecuadamente las aguas residuales en localidades con más de 2.000 habitantes antes de verterlas al medio ambiente.
Las deficiencias señaladas por Bruselas incluyen la falta de sistemas adecuados de recogida en 15 aglomeraciones, la ausencia de un tratamiento secundario completo en 39 localidades y problemas en el tratamiento terciario en ocho. Además, se han identificado carencias en el control sobre los vertidos de las plantas depuradoras en 52 localidades, lo que implica riesgos importantes tanto para la salud de los ciudadanos como para el medio ambiente. La Comisión ha indicado que los esfuerzos de las autoridades españolas han sido insuficientes desde el inicio de este procedimiento en 2017. El incumplimiento de esta normativa podría tener repercusiones en la calidad del agua de ríos, lagos y aguas costeras, afectando así a la biodiversidad y los ecosistemas asociados.
La CE también señala que la falta de cumplimiento puede poner en riesgo la salud pública, reafirmando que aguas residuales no tratadas son una clara amenaza para los recursos hídricos naturales. Esta acción resalta la importancia de que cada Estado miembro de la Unión cumpla con las leyes ambientales para garantizar una gestión sostenible de sus recursos hídricos y proteger el medio ambiente.