Recientemente, la eliminación de más de 10,000 perros en Tecámac ha desatado una fuerte controversia en México, poniendo en la mira la legalidad de esta acción. Bajo la legislación mexicana, solamente se permite el sacrificio de animales en casos específicos, como enfermedades graves o riesgos sanitarios, lo que plantea la pregunta de si se han violado estas normas. Las organizaciones animalistas han señalado la posibilidad de maltrato institucional si no se cumplen los criterios legales establecidos para los sacrificios.
La situación ha escalado a un nivel crítico con la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía para investigar los hechos. Esta presión ha aumentado significativamente debido a la falta de transparencia en el procedimiento llevado a cabo, lo que ha llevado a cuestionar si realmente se realizaron eutanasias bajo los protocolos necesarios. Expertos advierten que podrían haber responsabilidades penales si se confirma que las acciones no se ajustaron al marco legal.
Además de la problemática legal, el contexto más amplio del abandono y la falta de gestión efectiva de los animales callejeros también requiere atención. La solución al creciente número de animales en situación de calle no debe ser el sacrificio masivo, sino la implementación de políticas preventivas que aborden el problema de raíz.