España está transformando su enfoque sobre el agua, pasando de ver la sequía como un fenómeno puntual a considerar la seguridad hídrica como un concepto estructural. Este marco busca garantizar no solo la disponibilidad y calidad del agua, sino también una gestión sostenible a largo plazo, especialmente ante el cambio climático y el aumento de temperaturas que complican la situación. Las estrategias incluyen la diversificación de las fuentes de suministro, la anticipación a los riesgos y la adaptación de infraestructuras y políticas, destacando la reutilización de aguas regeneradas y la desalación como soluciones clave.
En Cataluña, el Govern ha decidido implementar un cambio de modelo hídrico tras haber experimentado una de las peores crisis de sequía, que duró más de 1.600 días. Con un ambicioso objetivo de que para 2030 el 70% del agua utilizada provenga de fuentes no convencionales, la Generalitat ha presentado un anteproyecto de ley de transición hídrica. Este plan incluye la ampliación de las plantas de desalación y la mejora de la eficiencia en la red municipal, así como la regresión de aguas depuradas al sistema, buscando cerrar el ciclo del agua. Sin embargo, se enfrentan a retos significativos, como la lentitud en la ejecución de obras necesarias para garantizar un suministro adecuado.
Las implicaciones de este enfoque también tienen un fuerte impacto económico y social, ya que la seguridad hídrica afecta a la cohesión territorial y a la justicia social, evidenciando el acceso desigual al agua. El equilibrio entre el uso humano y la conservación de ecosistemas acuáticos como ríos y humedales es esencial, lo que resalta la necesidad de un cambio profundo en las políticas públicas hacia criterios de sostenibilidad y adaptación al cambio climático.