La reciente divulgación de datos sobre la calidad del aire en València ha generado una intensa polémica en torno a la contaminación acústica y atmosférica. Estos registros, obtenidos mediante sensores durante el anterior mandato municipal de Compromís, han revelado concentraciones preocupantes de dióxido de nitrógeno (NO₂) y partículas PM2.5. Hasta 30 de los 33 sensores utilizados registraron niveles de NO₂ superiores a los límites establecidos por la Unión Europea, afectando particularmente a grupos vulnerables como niños y ancianos.
Los problemas de calidad del aire no son únicos de València, ya que en España, aproximadamente cinco millones de ciudadanos sufren los efectos nocivos de la contaminación acústica, con el tráfico como principal fuente. Más del 50% de la población urbana se expone a niveles superiores a 55 dB, el umbral considerado nocivo para la salud, lo que puede provocar estrés, trastornos del sueño y un incremento en enfermedades cardiovasculares, tal y como indica el Ministerio de Sanidad y la Sociedad Española de Acústica (SEA).
El Ayuntamiento, formado por PP y Vox, ha desestimado la validez técnica de estos dispositivos de medición, acusando a la oposición de crear alarma social. Sin embargo, el debate sobre la movilidad urbana y la gestión del tráfico vuelve a cobrar fuerza, subrayando la urgente necesidad de implementar políticas que equilibren desarrollo urbano, salud pública y sostenibilidad ambiental. Compromís ha exigido acciones más contundentes, mientras que el Ayuntamiento sostiene que València cumple con la normativa europea vigente en calidad del aire y ruido.