La reciente difusión de datos sobre la calidad del aire en València ha desencadenado una intensa polémica centrada en la contaminación acústica y atmosférica. Los registros, obtenidos a través de sensores durante el anterior mandato municipal por la formación Compromís, muestran concentraciones alarmantes de dióxido de nitrógeno (NO₂) y partículas PM2.5, además de niveles elevados de contaminación sonora en varias zonas de la ciudad. En respuesta, el gobierno municipal, compuesto por PP y Vox, ha desestimado la validez técnica de estos dispositivos, acusando a la oposición de alarmismo social.
Específicamente, hasta 30 de los 33 sensores utilizados registraron niveles de NO₂ por encima de los límites europeos establecidos, lo que pone en riesgo la salud respiratoria de la población, especialmente de grupos vulnerables como niños y ancianos. Las partículas PM2.5 también fueron motivo de preocupación, superando en muchas mediciones los umbrales recomendados, lo que podría acarrear graves problemas cardiovasculares. Por otra parte, el ruido urbano ha alcanzado niveles que la OMS considera perjudiciales, lo que añade un nuevo reto a la calidad de vida de los ciudadanos.
Este escenario ha reabierto el debate sobre la movilidad urbana y la gestión del tráfico, resaltando la necesidad de políticas que busquen un equilibrio entre desarrollo urbano, salud pública y sostenibilidad ambiental. Mientras Compromís demanda acciones más profundas para abordar estos problemas, el Ayuntamiento defiende que València cumple con la normativa europea vigente en materia de calidad del aire y ruido.