La reciente apertura de un juicio contra activistas por su participación en una protesta climática pacífica en Madrid ha reavivado el debate sobre la criminalización del activismo ambiental en España. Activistas como Marina Martínez, Francisco del Pozo y Jorge Riechmann se enfrentarán a cargos tras una movilización en 2019 que buscaba exigir medidas efectivas contra el cambio climático. Organizaciones como Greenpeace, Ecologistas en Acción y Anticapitalistas han denunciado este proceso judicial, afirmando que refleja una creciente presión institucional sobre los movimientos sociales y una amenaza para el derecho a la protesta pacífica.
Los activistas defendieron que su protesta fue pacífica y estuvo motivada por la falta de respuesta ante la crisis climática, siendo parte de un fenómeno más amplio de judicialización del activismo en Europa. Ante esta situación, grupos ecologistas han convocado una concentración para exigir la absolución de los acusados y manifestar su oposición a la judicialización del activismo ambiental, ya que consideran que socava la participación ciudadana y el derecho a la manifestación en el marco de la emergencia climática.