El Gobierno de Canarias está implementando un decreto pionero que regulará los vertidos al mar desde tierra, con el objetivo de abordar de manera eficaz la contaminación que afecta a sus costas. Esta iniciativa busca establecer un marco normativo adaptado a la realidad ambiental del archipiélago y cerrar un vacío legal que ha dificultado hasta ahora la gestión homogénea de estos vertidos. La futura regulación pretende unificar los límites de emisión entre las diferentes islas, lo cual es esencial para mejorar la calidad de las aguas costeras y proteger la biodiversidad marina, así como los intereses económicos en sectores como la pesca y el turismo.
Además, el decreto incluirá la creación de un registro público de autorizaciones de vertido para aumentar la transparencia y permitir un mejor seguimiento de las actividades en el litoral. La Consejería ha destacado que esta medida no solo proporcionará seguridad jurídica a la ciudadanía y las empresas, sino que también facilitará el trabajo de inspección de las autoridades competentes. Según el director general de Calidad Ambiental, Ángel Montañés, esta regulación es un paso crucial para mejorar la gestión de los vertidos y garantizar la protección del patrimonio natural del archipiélago. La consulta pública, que permanecerá abierta hasta el 30 de junio, permitirá la participación de ciudadanos y organizaciones en el proceso de elaboración de esta norma histórica.