La Comisión Europea ha comenzado una investigación exhaustiva para determinar si España otorgó una ayuda de Estado no compatible con la normativa comunitaria al indemnizar a JGC Holdings, una empresa japonesa, por modificaciones en el régimen de apoyo a las energías renovables. Esta indemnización, que asciende a 23,5 millones de euros, fue dictada por un tribunal arbitral en 2021 tras las reclamaciones de JGC por las pérdidas sufridas debido a cambios en un sistema aprobado en 2007.
La investigación surge de dudas sobre si esta indemnización puede ser considerada una ventaja económica selectiva para JGC, lo que podría clasificarla como una ayuda de Estado. Las autoridades europeas subrayan que los pagos de compensación, así como garantías o beneficios fiscales, pueden adoptar la forma de ayudas directas. Este caso no es aislado, ya que España enfrenta múltiples litigios relacionados con recortes y modificaciones en el sistema de primas renovables. La decisión final de Bruselas será crucial no solo para JGC, sino también para otros conflictos previos sobre la reforma del régimen renovable en el país, influenciando la percepción de España como destino de inversión.