El Gobierno del Principado de Asturias ha decidido adaptar su plan de gestión del lobo tras la sentencia del Tribunal Supremo, que permite la caza de ejemplares solo como última medida para evitar daños al ganado. El nuevo decreto que se encuentra en exposición pública establece criterios más rigurosos para controlar la población de lobos, permitiendo la caza únicamente como solución excepcional y justificada.
La reciente jurisprudencia ha fomentado un enfoque más estricto, donde las acciones de control poblacional deben ser proporcionales y justificadas. A su vez, esta modificación busca garantizar seguridad jurídica en la gestión del lobo, evitando futuros conflictos legales. Con un incremento en la población de lobos en Asturias, esta decisión es crucial para proteger al sector ganadero y prevenir ataques al ganado.
El nuevo programa de control se implementará entre 2026 y 2027, basándose en datos actualizados y con la participación de un comité consultivo. El reto será equilibrar la conservación de la especie con la viabilidad económica de los ganaderos, creando un modelo que asegure tanto la protección del lobo como la actividad ganadera en la región.