La Vicepresidenta Europea, Teresa Ribera, ha señalado que la inteligencia artificial (IA) podría permitir ahorrar hasta 71.000 millones de euros anuales a los consumidores europeos mediante la gestión eficiente de redes eléctricas y la integración de energías renovables. Sin embargo, la situación en España parece ir en dirección contraria, donde se imponen regulaciones que complican la construcción de centros de datos necesarios para aprovechar esta tecnología.
Las exigencias regulatorias en el país pueden obstaculizar el acceso a la red eléctrica, lo que ha llevado a inversiones significativas, como la de la empresa Diamond Foundry, a ser canceladas. Mientras Europa compite con Estados Unidos y China en términos de innovación tecnológica, España se enfrenta a un escenario en el que las trabas burocráticas podrían estar arriesgando su posicionamiento en el desarrollo de la IA. La contradicción entre la promoción de la IA y la imposición de limitaciones en su infraestructura refleja una falta de coherencia que podría tener consecuencias a largo plazo en la competitividad del país.